Barrio Jorge Dimitrov

Sobre la Pista de La Resistencia, uno de los ejes viales más transitados de la capital nicaragüense, se alza imponente una estatua de seis metros de altura que se trae un aire al Cristo de Corcovado de Río de Janeiro. Ubicada en medio de una gran rotonda, levanta sus brazos como si se dispusiera a abrazar a alguien, pero un chascarrillo regado por Managua dice que no, que los tiene levantados porque lo están atracando. Ni Cristo se libra de los asaltos en las inmediaciones de esa rotonda, la rotonda de Santo Domingo, donde empieza y termina el barrio Jorge Dimitrov. 

Cuando a un nicaragüense se le pregunta por las colonias más conflictivas de su capital, por esas que nunca visitaría de buena gana, se suceden nombres como Villa Reconciliación, el Georgino Andrade, Las Torres o el reparto Schick, pero es el barrio con nombre de vodka barato, el Dimitrov, el que siempre aparece en todas las respuestas. ¿Un estigma generalizado entre quienes nunca han puesto un pie aquí? Seguramente también haya algo de eso, pero los mismos vecinos se saben residentes de un lugar especial, pecaminoso, casi maldito, el barrio nicaragüense violento por antonomasia.

Quizá en verdad lo sea.

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Las instrucciones que ayer me dio por teléfono José Daniel Hernández sonaron tan sencillas como un mensaje cuneiforme sumerio: de la rotonda Santo Domingo una cuadra al lago, de ahí otras dos cuadras abajo y 75 varas al lago, y pregunte por la casa comunal. Vaya en un taxi de su confianza, apostilló. Pero los taxistas rehúyen el Dimitrov. Dicen que mucho asaltan, que no merece la pena arriesgarse por los 30 o 40 pesos (menos de dos dólares) de una carrera... Muchos prefieren perder al cliente. Tres he parado esta mañana antes de que uno haya aceptado a regañadientes llevarme, y la plática durante el trayecto ha sido sobre la leyenda negra que el barrio aún tiene entre el gremio. Algo parecido sucederá el resto de días.

Es julio y es martes, pasan las 2 de la tarde. Nubes grises cubren Managua pero esperarán a que anochezca.

José Daniel tiene 57 años, seis hijos y la piel tostada como un hombre de campo, aunque vive en el Dimitrov desde que se fundó. Combatió por la Revolución –estuvo en el Frente Sur a las órdenes de Edén Pastora, el Comandante Cero en la toma del Palacio Nacional–, pero ni la militancia guerrillera ni su lealtad al Frente Sandinista y a Daniel Ortega le han permitido prosperar lo suficiente como para irse del barrio. Yo aquí soy el responsable de infraestructura de la comunidad, me dice al nomás conocernos. Tener un rol en la comunidad, por pequeño que sea, parece ser motivo de orgullo en Nicaragua.

—Tengo que visitar a una señora a la que un árbol le cayó en la casa –me dice–, ¿me acompaña?

El Dimitrov es un barrio ofensivamente pobre, de esos en los que hay familias que ni pueden pagar la caja cuando alguien fallece. En casos así la comunidad provee. Dice José Daniel que con los años se ha perdido mucha de la genuina solidaridad entre vecinos, pero algo queda, y sin pretenderlo ahora se dispone a interpretarlo.

—¿Ve? –dice José Daniel al llegar a la casa de Angélica, en la que vive con su esposo y tres hijos pequeños–. El ventarral de ayer botó el palo de mamón sobre la casita y la desbarató –y en efecto, una casucha desbaratada–. Es una familia humilde, pero ya hemos pedido el material para hacer la casa a la señora.
—¿Y quién da esa ayuda?
—La alcaldía ha regalado las láminas. Llamamos al distrito, vinieron ayer mismo y nos dijeron: mañana traemos el material. Y ¡bang! Aquí está. Y ahora le ayudaremos a colocarlas. A mí me toca andar en estas vainas.

El improvisado paseo prosigue.

El Dimitrov es descomunal: 21 mil almas, según el letrero de la municipalidad ubicado en una de las entradas. Bajo una maraña de cables se amontonan las casas, una tras otra, sin que haya dos iguales. Las hay de dos plantas, bien repelladas, algunas hasta con su pedacito de acera. Las hay también que son un montón de láminas ensambladas de mala manera, o hechas con desechos. Pero todas –todas: las plantosas, las dignas, las míseras, las infrahumanas– tienen en común que cuentan con algún mecanismo de defensa: vidrios rotos que coronan muros, rejas con soldaduras toscas en puertas y ventanas, el recurrente alambre de púas retorcido y oxidado... Las calles anchas son las únicas que conocen el pavimento, pero apenas pasan carros y se echa en falta lo demás: buses, paradas, semáforos, bancas, aceras… Las calles más estrechas de este laberinto, la mayoría, son de tierra, lo que intensifica la sensación de abandono.

—De tres meses para acá está más calmado, casi ni se escuchan balazos. Siempre hay muchachos que siguen robando porque es el billete más fácil… Si viene usted solo por aquí, lo agarran, le ponen la pistola y le quitan las cuestiones. Pero hace un año era peor, ahora se ha calmado…
—¿Y a qué lo atribuye usted? –pregunto.
—Pues a que los pandilleros más dañinos están presos, se les han recuperado todas las armas, y bueno, porque la comunidad ya no aguantaba y comenzó a bombiar. Así se le dice aquí a señalar: fulano en tal parte esconde tal cosa, fulano en tal parte esto otro, fulano esto, fulano lo otro…

La comunidad ya no aguantaba, dice. La comunidad.

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Hay quien no concibe un relato periodístico sin un buen vómito de números.

El resumen numérico del Dimitrov diría algo así: 54% evangélicos, 39% católicos. Diría también que en el 61% de las casas conviven seis o más personas, que en el 70% de los hogares los ingresos mensuales son inferiores a 316 dólares y en el 19% no alcanzan siquiera los 106 dólares. Diría que el techo del 99% de las casas es de zinc, con paredes de concreto (67%) o de madera (14%), diría que el 84% posee las escrituras, que el 24% cocina con leña, que apenas el 18% tiene chorro de agua dentro de la casa, que el 98% de las casas están conectadas a la red eléctrica, sí, pero el 20% son conexiones fraudulentas. Diría también que el 60% de los residentes no ha cumplido los 30 años, y que el 36% –uno de cada tres– son menores de edad. Sobre la violencia, el resumen diría que el 92% de los vecinos creen que el Dimitrov es violento o muy violento, y que cuando se les piden ejemplos de violencia, citan los asaltos, luego las peleas entre pandillas, luego las balaceras; diría también que el 24% opina que la violencia más común es la intrafamiliar, que el 64% pide más y mejor presencia de la Policía Nacional, y que el 52% cree que hay un problema real de venta de drogas, marihuana y crack sobre todo. Tan solo el 0.9% de las casas tienen acceso a internet, diría también. Y todas estas cifras son nomás una fracción de las incluidas en el “Diagnóstico socioeconómico en el barrio Jorge Dimitrov”, realizado por una ONG llamada Cantera, tras visitar y hacer encuestas en 214 viviendas entre el 9 y el 14 de febrero de 2011.

Pero el Dimitrov es mucho más que un buen vómito de números, la coraza que demasiadas veces impide escuchar los latidos de un lugar.

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El escritor Sergio Ramírez, uno de los referentes de la literatura nicaragüense, describe periódicamente Managua, y lo hace sobre un mismo texto base escrito hace una década titulado “Managua, Nicaragua is a beautiful town”, al que le suma o le resta metáforas y datos. Lo que no ha cambiado es el tono de desdicha que da a la ciudad; tampoco el referente que usa para ilustrar las barriadas pobres y peligrosas. Managua es, dice Ramírez en la versión de junio de 2010, “un campamento de un millón y medio de habitantes, un cuarto de la población total del país. Las casas, construidas en serie, como cajas de cerillos, cerradas con barrotes, como cárceles o como jaulas, porque los que tienen poco, en la colonia Independencia, o en la colonia Centroamérica, se defienden de los más pobres, que viven en barrios como el Jorge Dimitrov, bautizado así en tiempos de la Revolución”.

De los que viven en lugares como el Dimitrov, dice Ramírez, hay que defenderse. 

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Roger Espinales es uno de los agentes de la Policía Nacional destacados en el Dimitrov. Es sicólogo. Entre sus funciones está reunirse a diario con los principales actores de la comunidad, también con pandilleros y sus familias. El barrio tiene fuerte presencia de pandillas, si bien esta palabra en Nicaragua tiene muy poco que ver con el fenómeno de las maras. Muy poco que ver.

En esta parte de Centroamérica la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 suenan tan exóticas como la Camorra napolitana o la Mafia rusa. Los nombres de las pandillas presentes en el barrio parecen la lista de equipos de una liga amateur de fútbol: Los Galanes, Los Parqueños, Los Pegajosos, Los Gárgolas, Los Puenteros, Los del Andén 14, Los Diablitos… El agente Espinales también cree que el Dimitrov es un lugar complicado, pero está optimista por lo que encontró a su llegada. La comunidad, dice, aún se ve relativamente bien organizada, y las pandillas tienen muy poco que ver con los monstruos que operan en los países ubicados al norte de la frontera norte.

—Lo que me sorprende de El Salvador o de Honduras –se sincerará el agente Espinales al final de una de las pláticas– es que una comunidad entera se deje dominar por 30 o 40 pendejitos de una pandilla; se llame como se llame. Es algo insólito.

En su boca, la palabra comunidad suena distinto. Suena a comunicación, a comunión, a comuna… Suena a comunidad.

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Aletta fue el nombre con el que se bautizó en 1982 la primera tormenta tropical en el ccéano Pacífico. Entre el 22 y el 24 de mayo descargó un mar sobre Nicaragua: los muertos se contaron por docenas, los evacuados por miles, y las pérdidas por millones, en un país que apenas comenzaba a empaparse de su nuevo rol en el tablero político internacional. En Managua, una de las zonas más afectadas fueron los asentamientos de la orilla del lago Xolotlán. El agua se tomó barrios como La Tejera, Las Torres o La Quintanilla, y, tras la orden de evacuación gubernamental, cientos de familias salieron en camiones de la Fuerza Armada rumbo a un predio vasto e inhóspito, pero bien ubicado, no muy lejos de la Universidad Centroamericana (UCA).

—Aquí donde estamos ahora –dice José Daniel, el líder comunal– era una arbolizada grande. Había vacas, como que antes era hacienda o algo así, dicen que propiedad de la familia Somoza. Nosotros vinimos y comenzamos a destroncar, cada uno su parte pues, ¿me entiende?

Se repartieron terrenos de 10 por 20 metros, alineados todos, y cada quien levantó lo que pudo con lo que tenía a mano. Como comunidad en ciernes, las prioridades fueron el agua y la luz. Para el agua, adquirieron entre todos materiales, cavaron zanjas y pronto abrieron chorros colectivos. Para la energía, la embajada de la República Popular de Bulgaria, país con el que se habían abierto relaciones diplomáticas tras el triunfo de la revolución, donó la electrificación.

Sin Aletta y sin revolución no existiría el Dimitrov, al menos no con ese nombre.

—Todavía no nos llamábamos de ninguna manera, y nosotros, agradecidos con el embajador, le dijimos que eligiera el nombre de algún líder de Bulgaria. Jorge Dimitrov, dijo, y Jorge Dimitrov le pusimos, sin saber ni quién era. Ya luego nos trajeron libros y comenzamos a ver la historia de él…

Georgi Dimitrov Mijáilov (1882-1949) destacó desde joven como dirigente sindical y, tras una vida sazonada de juicios, conspiraciones, clandestinidades y exilios, el máximo líder de la URSS, Iósif Stalin, lo recompensó con el cargo de secretario general de la Internacional Comunista. Tras la II Guerra Mundial, Bulgaria quedó al otro lado del telón de acero, abandonó la monarquía, y Dimitrov se convirtió en 1946 en su primer primer ministro. Falleció tres años después, por lo que hubo tiempo para la exaltación de su figura al más puro estilo soviético. Pero en 1990 el socialismo colapsó en Bulgaria, el héroe pasó a ser un proscrito, su cuerpo –embalsamado por cuatro décadas en una urna de cristal– terminó en el cementerio general, y el regio mausoleo que lo albergaba fue demolido.

En la actualidad, fuera de Europa sobrevive una avenida Dimitrov en la capital de Camboya, otra en la ciudad cubana de Holguín, una modesta plaza en México DF, una estatua en una ciudad africana llamada Cotonou, y poco más; el barrio de Managua, claro. Por esos pliegues irónicos que a veces depara la historia, Dimitrov, el apellido del otrora influyente líder comunista, amigo y estrecho colaborador del genocida Stalin, en Nicaragua es hoy sinónimo de violencia e inseguridad.

—¿La gente sabe quién fue Dimitrov? –pregunto a José Daniel.
—No, poca gente lo sabe. De los jóvenes, nadie o casi nadie, pero creo que la mayoría de los que nos vinimos adultos se acordará.

“Mi profesor de sexto grado nos enseñó que era un guerrillero ruso que estuvo apoyando al Frente Sandinista”, me respondió un joven universitario del barrio, uno de los pocos que se atrevió a contestar.

El pasar de los años hizo más que diluir el porqué del nombre. También trajo mejoras –centros educativos, clínica, alumbrado, una rudimentaria cancha de béisbol…–, aunque a un ritmo insuficiente comparado con el bum urbanístico en los alrededores. Cuando uno mira hoy un plano de Managua, el Dimitrov está casi en el medio, un área muy codiciada. Ni siquiera este bolsón de pobreza evitó que en pocas cuadras a la redonda se construyeran el centro comercial Metrocentro, la nueva catedral, el Consejo Supremo Electoral, el hotel Real Intercontinental y hasta las oficinas centrales de la Policía Nacional. Aminta Granera, la primer comisionada, la mujer paradigma del buen hacer en materia de seguridad, tiene su despacho a unos pasos del barrio bravo de la ciudad.

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Lo dice Naciones Unidas: Centroamérica es la región más violenta del mundo. Con esta tarjeta de presentación, cualquier iniciativa tendente a rebajar esos indicadores se antoja como un buen anzuelo para pescar en el río revuelto de la cooperación internacional. Donde hay violencia no tardan en aparecer programas que se ofrecen como preventivos –algunos incluso lo son–, para aflojar las chequeras de los financiadores europeos y norteamericanos. En este sentido, en el Dimitrov no faltan las oenegés y seguirán llegando.

El Centro de Comunicación y Educación Popular Cantera es una ONG nicaragüense que trabaja en el barrio desde hace nueve años. En un ambiente oenegero centroamericano en el que en materia preventiva prima lo efectista, de dudosa eficacia y de corta duración –semanas, meses lo más–, el solo hecho de haber permanecido casi una década en un mismo lugar pone a Cantera en un plano diferente. Su base es una especie de centro comunal llamado Olla de la Soya, ubicado en el mismísimo corazón del barrio. La coordinadora del Programa de Juventud de Cantera es una socióloga llamada Linda Núñez. Se ve más joven, pero tiene 40 años, y con el Dimitrov mantiene un vínculo emotivo desde sus años como estudiante de la UCA, cuando participó aquí en campañas de alfabetización.

—¿Sientes el barrio ahora más sano? –pregunto.
—Si lo comparo con hace 15 años, yo sí tengo un mal sabor con este barrio… Cuando llegaba como voluntaria, salíamos caminando a las 8 de la noche y nunca pasaba nada; ahorita no me atrevería. Sí, lo encuentro más violento.

El grueso de los voluntarios y del personal de Cantera es del barrio, la política de puertas abiertas en la Olla de la Soya redunda en un constante ir y venir de niños y jóvenes, avivado por el amplio abanico de opciones que se ofrece: danza, clases de inglés, fútbol, béisbol, teatro, taekwondo, fotografía… Todo gratis. El buque insignia es un programa que permite a una treintena de jóvenes aprender un oficio –gratis también–, formación que se complementa con una capacitación en valores, bautizada con el sugerente nombre de Habilidades para la vida.

Pero Linda, franca, admite que incluso en Nicaragua –que se va a los penales con Costa Rica por el título de país centroamericano más civilizado– el problema de violencia sobrepasa los intentos por contrarrestarla. Confiesa además una preocupante falta de coordinación entre las distintas oenegés e instituciones que compiten por los euros. Y por muy efectivo que sea un esfuerzo en concreto, la matemática es como un huacal de agua helada: a los programas de Cantera asisten unos 90 jóvenes, cuando se estima en 4 mil las personas entre los 15 y los 25 años de edad que hay en el Dimitrov.

—Linda, ¿se puede ser optimista con estos números?
—La realidad invita a las dos cosas: a la depresión y al optimismo. Es cierto que a veces sentís que no estás cambiando nada, porque atendés a 10 entre mil, y te preguntás: ¿hasta dónde? Pero luego comenzás a ver la multiplicación de estos jóvenes y te decís: sí, algo se puede hacer. Nunca vas a llegar a los mil, pero atender a 20 o 30 ya es algo. El problema es cuántos años llevamos de deterioro y cuánto estamos invirtiendo en programas de prevención.

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“Para que se den cuenta, el Dimitrov está apestado de drogadictos, delincuentes de todo calibre que viven ahí, pero que operan alrededor del sector, en lugares específicos como las paradas de buses de la rotonda de Santo Domingo, detrás de la catedral de Managua y en el lugar conocido como el puente de Lata, situado unas cincuenta varas arriba de la entrada principal de Plaza del Sol”.

(Extracto del reportaje “Ruta de escape y refugio de la delincuencia”, publicado en El Nuevo Diario el 16 de mayo de 2002)

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—… Mire, toque aquí, la bala no salió –me dice el joven.

Cerca de la rodilla, cubierta por una cicatriz poco estridente, tiene una protuberancia: una bala calibre .22 que le acertaron el año pasado, que lo mantuvo dos semanas en el Hospital Lenin Fonseca, pero que decidieron no extraérsela. El joven se llama Miguel Ángel Orozco Padilla, nació en el Dimitrov, vive con su madre, su hermana y su sobrino en una modesta casa del andén 14, y cumple 17 años en marzo de 2012. Delgado, mirada viva, nariz ancha, rostro maltratado por el acné… Es un adolescente y se expresa como tal, pero para la Policía Nacional es un “joven en alto riesgo social”.

Cuando mañana comente su caso con el agente Espinales, me convencerá de que se puede al dedillo su historia y lo ubicará en la órbita de Los Galanes. El joven Orozco Padilla niega ser pandillero, dice que el balazo fue un error, que no iba para él, que hasta disculpas le pidieron los que dispararon, pero aun así ya está quemado, dice, y no puede acercarse al sector de Los Gárgolas.

—Fue por un primo mío… Vos sabés… Él sí es pandillero, y de espaldas somos igualitos... Por eso me pegaron el cuetazo… Mire, toque aquí, la bala no salió –me dice el joven–. Yo venía de espaldas y escuché: allávaChus, allávaChus… Chus es mi primo el pandillero, y me gritaron: Padilla, detenete, porque así lo llaman a él, y yo me vuelvo y disparan. Y oigo: pero si no es Chus… Pero ya habían tirado.
—¿Y conocés a los que dispararon?
—Sí. Uno ya murió. El Yogi. Lo apuñalaron este año.

Hay disputas, disparos, machetazos, fallecidos incluso, pero en Nicaragua las pandillas tienen muy poco que ver con las maras, afortunadamente. La Policía Nacional las tiene bien cuadriculadas: son muy locales y raro es que superen el centenar de miembros, sin violentos rituales de iniciación, casi todos viven con sus familias, los grafitos y tatuajes de pertenencia son limitados, la actividad criminal es reducida, el uso de armas de fuego es eventual, los encarcelados no tiran línea a los que están en la libre, y –quizá la diferencia más importante– la pandilla se puede dejar cuando se quiere, sin represalias.

Seleccionado por la comunidad y becado por una oenegé, el joven Orozco Padilla estudia enderezado y pintura en el Instituto Nacional Tecnológico. Quizá algún día le arregle su auto.

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Miércoles, faltan 10 para las 3 de la tarde.

El taller Habilidades para la vida se realiza a diario en el aula más nueva de la Olla de la Soya. Es un lugar espacioso en el que se agradecen los ventiladores taladrados al techo, lleno de fotos motivadoras. Asisten unos 30 jóvenes, y hoy lo conducen Sean y Megan, dos cooperantes estadounidenses.

La reunión se interrumpe cuando en la puerta asoman un grupo de turistas gringos, su traductor y Martha Núñez, la coordinadora de Cantera en la Olla de la Soya. Llegaron hace unos minutos en microbús, son una veintena, y dicen ser estudiantes de medicina y de liderazgo en el Augsburg College de Mineápolis. Llevan turisteando desde el domingo por Managua, en una modalidad que bien podría etiquetarse como Conoce-el-infierno-para-luego-no-quejarte-tanto. Han visitado el centro histórico, el mercado Huembes, un hospital público, una oenegé feminista… y ahora están cámara en mano en el mismísimo corazón del Dimitrov.

Tras unas palabras explicativas de Sean en inglés, se abre un turno de preguntas, pero los gringos no se animan. Tic-tac… segundos… tic-tac… incómodos… tic-tac… hasta que una pregunta rompe el silencio.

—¿Qué están aprendiendo hoy? –presta su voz el traductor a una de las turistas.
—Sobre la autoestima –responde un joven.

El traductor traduce. Murmullos…

—Más o menos ¿qué edades tienen en el grupo?
—De 15 a 29… –consensuan los jóvenes.

Más murmullos en ambos mundos…

—Any more questions? –se dirige el traductor a los suyos.
—…
—Are you good dancers? –eleva la voz una gringa, pura sonrisa.
—Ahhhh, ella quiere saber si hay buenos bailarines en esta sala…

Murmullos y risas. Luego, la despedida. Los turistas suben al microbús y abandonan, seguramente para siempre, el barrio bravo de Managua.

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Este autobús de la 102, una ruta que bordea buena parte del Dimitrov, es un destartalado Blue Bird bautizado con nombre de mujer, un clon del que podría verse en cualquier capital centroamericana. Sábado, mediodía, y la unidad es un horno insuficiente –una docena vamos parados–, pero nadie se atreve a pedir a la señora que quite la gran bolsa que ocupa un asiento, mucho menos que se calle.

—¡A su madre, a su propia madre! –grita ella, desdentada y en pie, el pelo alborotado y canoso, gruesa como tambo de gas.

Habla de una noticia que días atrás ocupó algunos segundos en los noticiarios: un hombre de 31 años detenido por secuestrar y violar en repetidas ocasiones a su madre. Pero antes la señora ha voceado un sinfín de formas de incesto presentes en la sociedad nicaragüense: padres con hijas, tíos con sobrinas, abuelos con nietas…

El viaje se hará más pesado, más crudo, como su retrato de Nicaragua.

—… ahora cualquiera te engaña. Si vas al mercado y compras 25 libras de fruta, el del puesto por lo menos te robará 2 o 3. ¿Y los abogados? Si vas donde el abogado pa´ que te saque un reo, te saca hasta lo que no tenés de dinero, vendés tu casa y todo, pero el reo no te lo sacó… –grita la señora, grita pero no pide ni pedirá monedas–. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Yo les sigo sacando pañales al sol… ¿Adónde queda ya que no se encuentre un ladrón? La gente dice: esos ministros son ladrones, esos gobernantes… ¡Pero ladrones somos todos, hermanos! ¡Lance la piedra el que se sienta libre de culpa! Lo dijo Cristo, no yo. Miren lo varones, los papás. Reciben un sueldo, y cuando lo reciben se van adonde las mujeres...

La voz de la conciencia en Nicaragua viaja en los autobuses públicos.

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Al fondo de la Olla de la Soya hay unos rudimentarios servicios sanitarios. Sobre la pared externa, como si fueran las tablas de Moisés, están pintados blanco sobre azul los nombres del primer grupo de 24 jóvenes graduados en el proyecto Jóvenes Constructores. Casi al final de la primera columna, entre Marianela y Meylin, se lee Nilson Dávila L.

Es miércoles, 4 de la tarde.

Nilson no esconde su satisfacción por ver su nombre escrito. Es el menor de nueve hermanos y tiene 22 años vividos todos y cada uno en el Dimitrov. Habita en el sector de Los Gárgolas, pero ha sabido mantenerse al margen. Nada de bróderes pero tampoco discriminación, dice. Nilson aún duerme en la casa en la que se crio –de la escuela Primero de Junio tres cuadras al lago–; la comparte con su mamá y dos hermanos, incluida Kenia Dávila L., otros de los nombres sobre la pared.

Además del aprendizaje de un oficio y de la capacitación en valores, Jóvenes Constructores incluía un componente adicional de entrega de un capital semilla para poner en marcha una microempresa.

—Nuestra idea pionera era una tortillería exprés –dice Nilson–, pero se fue modificando. El maíz subió de precio, y a mi hermana se le ocurrió lo de la pulpería. No se pudo la tortillería por los altos costos de producción, y ahora nos quedamos trabajando con frijoles y leña… Vendemos frijoles cocidos en diferentes porciones.
—Los venden preparados…
—Sí, pero sin nada del otro mundo: solo sal y ajo.

Nilson se presenta como un microempresario. Pero la venta de frijoles y leña apenas está arrancando, y para poder cubrir los gastos familiares vende enciclopedias Océano en Granada, adonde viaja un par de veces por semana. También estudia en el turno nocturno primer año de ingeniería electrónica en la Universidad de Nicaragua. Y también es voluntario de Cantera porque quiere que los niños crezcan con un mayor apego por el ambiente. Me gusta contribuir, dice.

Las historias que permiten reconciliarse siquiera momentáneamente con el género humano germinan en lugares como el Dimitrov.

—Nilson, si pudieras, ¿te irías del barrio?
—Sí, yo creo que sí me iría… Cada uno de nosotros busca mejorar en la vida, y salir es una mejoría. El ser humano es producto de su entorno. Está, además, el estigma que supone vivir aquí. Mis amigos de la universidad no se atreven a venir.

Casi todos responden lo mismo. Escapar algún día es algo interiorizado incluso entre los más comprometidos de la comunidad.

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Reunida el 21 de agosto de 2003 en la isla de Roatán, Honduras, la Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y el Caribe acordó que era urgente un plan regional contra la violencia juvenil en general, y las maras en particular. Hubo unanimidad a la hora de identificar la enfermedad, pero no el remedio. Unas semanas después de aquella cita, el gobierno de El Salvador presentó su Plan Mano Dura; Nicaragua optó por crear dentro de la Policía Nacional una Dirección de Asuntos Juveniles (Dajuv) con un enfoque eminentemente preventivo.

El agente Espinales cumplía una década de uniformado cuando en 2005 se integró en la Dajuv. Desde entonces ha sido asignado a distintos barrios de Managua, siempre entre pandillas y pandilleros. Al Dimitrov llegó hace tres meses, pero verlo cruzar el barrio de acá para allá sobre su ruidosa motocicleta es ya estampa habitual.

—Como ya te dije, soy sicólogo. A los jóvenes de pandillas nos toca darles terapias, individuales y grupales, y también nos acercamos a las familias, conversamos, entramos en los hogares para ganarnos la confianza…

Incluidos los viáticos, el agente Espinales gana 7,000 córdobas al mes, unos 315 dólares. Yo lo miro bien, dice.

Este jueves lo he citado para hablar con más tranquilidad sobre las pandillas del Dimitrov…

—Acá –dice–, lo que nos preocupa es el semillero, ¿ya? Si en la familia hay un patrón de violencia, los niños lo heredan… Ahí tenemos que estar trabajando siempre.

La plática saltará pronto, por interés del agente Espinales, al terreno de las maras. Él ha asistido a encuentros regionales entre policías de Honduras, Guatemala o El Salvador, pero el fenómeno le interesa sobremanera, quizá porque le suena tan pero tan lejano…

—Y aquí, en el Dimitrov, ¿los pandilleros no cobran renta a los negocios, o a los taxistas? –pregunto.

El agente Espinales sonríe de tal manera que me hace sentir como si hubiera preguntado una estupidez.

—No, acá no tenemos de eso. No se dejaría la comunidad. También porque nosotros inyectamos en nuestra juventud que esa cultura no es la nuestra, que es algo extranjero.

En El Salvador, el país que le apostó a la Mano Dura, los homicidios por cada 100 mil habitantes subieron de 36 a 65 entre los años 2003 y 2010. En Nicaragua, con la mitad de policías y con una inversión pública en seguridad que en 2010 fue cuatro veces inferior, la tasa en el mismo período apenas pasó de 11 a 13.

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Viernes, 9:30 de una mañana gris tropical.

Alrededor de una botella de vidrio de Coca-Cola –destapada, vacía– hay 14 personas en pie, un círculo deforme. Todos tienen las manos en la espalda. Una persona está uniformada y armada: el subinspector Pedro Díaz, la máxima autoridad policial en el Dimitrov. El resto son un joven ex pandillero llamado Fidencio, representantes de oenegés como el Ceprev, la Fundecom y la propia Cantera, está José Daniel, está una guapa vocal de las Juventudes Sandinistas, alguna psicóloga, dosquetres vecinos y vecinas, un periodista metido… hasta 14. Todos tienen una pita de lana amarrada a la cintura, y los otros 14 extremos convergen en un lapicero Bic suspendido en el aire sobre la botella, pura tembladera. Desde lo alto se ve como un gigantesco e irregular asterisco.

El reto es meter el Bic dentro de la botella sin usar las manos siquiera para halar las pitas.

Pegate un poquito. Halala, halala. Acercate, vos. Ganas de meterlo con la mano dan. Acercate. Ahora vos, ahora vos… El lapicero entra al fin, y se generaliza la satisfacción. La facilitadora pide luego evaluar la experiencia. La importancia de trabajar en equipo, dice una. Es bueno que haya un líder pero siempre necesitará apoyo, dice otro. Unidos podemos salir adelante, abona alguien.

—Si no trabajamos en equipo, no lograremos nada –concluye el subinspector Díaz, uno de los más entusiastas para mover el lapicero a golpe de cintura.

Han sido varios los encuentros de este tipo y alguno falta todavía. El de hoy terminará en comilona de baho, un plato típico de Nicaragua. La idea es crear una comisión intersectorial –intersectorial– de desarrollo y progreso del barrio Jorge Dimitrov, así la bautizarían, pero se quiere que arranque con bases sólidas, que el grupo inicial –jóvenes, Policía, oenegés, vecinos…– se conozca y se respete. A largo plazo, la idea es bastante más compleja que introducir un Bic entre 14 en una botella vacía de Coca-Cola. Se busca que esto sea el germen para reducir la violencia en el Dimitrov, una idea suena demasiado ambiciosa, ingenua, utópica.

Quizá en verdad lo sea.

La muerte de Pen-Pen

El cadáver de Pen-Pen todavía está manejable; aún respiraba hace apenas seis horas. Lo tienen sobre una camilla metálica, envuelto con una sábana blanca manchada por la sangre que sale de los orificios. Miriam, la madre, está sentada cerca. Los grandes rulos en su cabello cano dejan entrever lo intempestivo de esta muerte. La casa es humilde, de madera, como se estila en el Caribe. Además de Miriam, la habitación está llena de familiares, de amigos, de curiosos. Todos son negros. Casi todos son jóvenes. El silencio se torna más silencio cuando en la puerta aparece uniformado el comisionado mayor Manuel Zambrana Bermúdez, la máxima autoridad de la Policía Nacional nicaragüense en 100 kilómetros a la redonda. Antes de entrar le ha tocado escuchar de todo. También para él esta ha sido una noche larga.

—Dos o tres chavalos gritaban en la calle molestos cuando llegamos –me dirá el comisionado Zambrana dos días después en su despacho–, pero si averigua quiénes son, verá que son delincuentes con un rosario de antecedentes, con el mismo perfil de Pen-Pen.

El comisionado Zambrana viene del hospital, de unas horas aún más tensas, pero quiere presentar en persona sus condolencias. “Sentimos mucho lo que pasó –dice a la madre–, y aquí estamos para ayudar en lo que podamos”. Después, le cuenta la versión oficial: al verse emboscado, Pen-Pen disparó primero y un policía respondió al fuego con los cinco o seis balazos que lo acabaron. Miriam le responde que está convencida de que su hijo presentía su muerte. La conversación es corta. Apenas termina, el comisionado Zambrana se despide con un abrazo tímido y se retira.

En los días siguientes la muerte de Pen-Pen estará en boca de todos en Bluefields.

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Los 45,000 habitantes de su casco urbano son la mayor concentración humana en los 541 kilómetros de costa caribeña nicaragüense. Bluefields tiene título de ciudad desde 1903, pero basta desembarcar en el muelle municipal para comprobar que sigue siendo un pueblón, sin edificios ostentosos, sin grandes avenidas, con la cordialidad propia de los lugares donde todos se conocen. En Bluefields el camión de la basura es un tractor de la basura, y en los próximos días se colocará el primer semáforo. 

La calle que corre paralela a la bahía se convierte, entrada la mañana, en una prolongación del mercado. Las aceras se llenan de puestos que venden peces del tamaño de un brazo, radios, quesos de todas las texturas, accesorios para celulares y una generosa variedad de frutas y verduras que se exhiben en grandes canastos de mimbre. No hay carretera asfaltada alguna que comunique con Managua, pero un ferry sube y baja varias veces por semana el caudaloso río Escondido desde el municipio de El Rama, y la ciudad está bien surtida, paradójicamente atestada de pequeños taxis que se mueven como hormigas alborotadas.

Pero lo más característico de Bluefields es que se trata de una población indiscutiblemente multiétnica, donde conviven en aparente armonía –aparente– todas las tonalidades de piel imaginables entre el blanco nórdico y el negro subsahariano. Mestizos y creoles (negros) son los más numerosos, pero hay también indígenas miskitos y ramas, y negros garifunas. El idioma inglés se escucha en Bluefields casi tanto como el español.

La historia explica mucho de esta heterogeneidad. El mismísimo Cristóbal Colón navegó frente a la bahía de Bluefields en septiembre de 1502, pero pasó de largo, un anticipo de la desidia por toda esta zona que los españoles mostrarían los tres siglos siguientes. Ese vacío de autoridad fue aprovechado por los piratas primero –el nombre de la ciudad se relaciona con un corsario holandés de apellido Blauvelt–, y por los británicos después, que comenzaron a tomar posiciones a mediados del siglo XVIII. Con ellos llegaron los esclavos. La independencia de Nicaragua poco o nada afectó en el hecho de que Bluefields siguiera viviendo de espaldas al resto del país. De hecho, durante buena parte del siglo XIX pasó a ser la capital de un estado prácticamente independiente, la Mosquitia, bajo tutela de británicos y estadounidenses. No fue hasta 1894, siete décadas después, cuando Managua consiguió, por la vía militar, imponer la bandera nicaragüense. Pasaron los duros años del somocismo y la esperanza de la Revolución, pero aún hoy el Caribe sigue siendo una zona mal comunicada, distante en todos los sentidos del Pacífico, con mutuos recelos y resentimientos, intensificados quizá por la agresiva migración promovida por el Gobierno central en la segunda mitad del siglo XX, que terminó por convertir a los mestizos en la comunidad étnica más numerosa en Bluefields.

Para referirse a los mestizos de forma despectiva, en especial a los venidos desde la costa Pacífica, los negros usan la palabra pañas, en relación a España, para remarcar los distintos pasados de unos y otros. Para referirse a los negros de forma despectiva, los mestizos los llaman simplemente negros.

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Philmore Nash Price, alias Pen-Pen, nació en Bluefields el 17 de septiembre de 1975, en un barrio de negros llamado Puntafría, hijo de Miriam Price y de Cayaton Nash. Nació pobre y pobre era cuando murió a los 35 años de edad.

“Son gente muy pobre. Dicen que la Policía les dijo que iban a ayudar, pero parece que nada, porque hoy vino una prima a decirme que no tenían ni para la caja”, me dijo en el porche de su casita Selma Clarck, de 75 años, una de las líderes del barrio. La prima le pidió otro favor en esa visita: que fuera a la Policía Nacional a pedir la fotografía de archivo de Pen-Pen, porque en casa no tenían ni una imagen suya.

Pen-Pen era un delincuente consuetudinario. Su vida fue un constante entrar y salir de las celdas de la Policía Nacional o de la pequeña cárcel que el Sistema Penitenciario Nacional tiene en Bluefields. El largo expediente de antecedentes policiales tiene como punto de partida el 23 de julio de 1991: “Detenido por presunto autor de lesiones graves”. Tenía 15 años. De ahí, el rosario al que se refiere el comisionado Zambrana. Los delitos que se repiten con más frecuencia son robo con violencia y robo con intimidación, si bien el listado incluye amotinamiento, amenazas, lesiones, extorsión, daños a la propiedad, fuga, atentado contra la autoridad y sus agentes… Si hubiera que buscar en Nicaragua un ejemplo de rotundo fracaso en el objetivo constitucional de reeducar a los privados de libertad para reintegrarlos en la sociedad, ese sería Pen-Pen. La Policía, pues, lo tenía en la mira, y también buena parte de los blufileños en un pueblón donde todos se conocen. La primera vez que lo oí mencionar fue en boca de la mesera del primer comedor en el que me senté apenas llegué a la ciudad. “Esta madrugada –me dijo– mataron a un hombre en Puntafría, por la cancha; era un ladrón, un asesino, un violador… lo tenía todo pues, completo”.

En febrero de este año había sido juzgado en ausencia. Se sabía un objetivo de la Policía y ya no vivía en Puntafría. Unos dicen que tenía una casita en Willing Cay, un cayo ubicado unos 50 kilómetros al sur. Otros dicen que se había instalado más al sur todavía, en San Juan del Norte. Hay más unanimidad en afirmar que, meses atrás, había encontrado en el mar un fardo con cocaína, algo relativamente habitual en el Caribe nicaragüense, y se había comprado una panga con motor con la que, muy de vez en cuando, regresaba a Bluefields para visitar a su madre, a su esposa, a sus hijos.

La noche de su muerte estaba con unos amigos, muy cerca de la casa de su madre, dicen que jugando cartas. Cargaba una pistola. El comisionado Zambrana aseguró que el forense confirmó que estaba drogado, que en su short le hallaron una pipa para fumar crack. Él andaba loco, me dijo. Locura o no, Pen-Pen le había dicho a más de una persona que estaba harto de huir como un fugitivo y que estaba dispuesto a morir, pero que no se iría solo.

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El Banco Mundial presentó en abril de 2011 Crimen y Violencia en Centroamérica, uno de esos gruesos y costosos informes que se lanzan con bombo y platillo y que, a pesar de que se usan para poco más que llenar un par de páginas de los periódicos al día siguiente, contienen datos interesantes. Contiene un mapa de Centroamérica coloreado en función de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Los departamentos menos violentos aparecen en amarillo; se pasa al verde cuando la tasa comienza a elevarse; el verde se oscurece hasta convertirse en azul; y el azul es a su vez más oscuro en los lugares donde más sangre se derrama. La oscuridad azulada –una tasa arriba de 50– predomina en Honduras, en El Salvador y en menor medida en Guatemala. En Costa Rica, Panamá y Nicaragua todo es verde y amarillo. 

Dentro de esa relativa tranquilidad que se vive en Nicaragua hay matices. La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cuya capital es Bluefields, está coloreada con un verde muy oscuro. En 2009 la RAAS cerró con una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra escandalosamente alta si se tiene en cuenta que el promedio nacional fue de 13. Teorías hay muchas, como la falta de oportunidades, el mismo racismo, o el hecho de que sea un enclave estratégico en la ruta caribeña de la cocaína, pero ninguna es concluyente. Bluefields es un lugar inexplicablemente violento dentro de un país inexplicablemente tranquilo que está dentro de Centroamérica, la región que, también inexplicablemente, es la más violenta del mundo.

Aun así, la de Bluefields sigue siendo una sociedad en la que la máxima autoridad de la Policía Nacional llega a dar el pésame a la casa de la madre de un delincuente cuando un agente lo ha abatido.

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Me lo contó alguien que en 2006 coincidió con Pen-Pen en las celdas de la Policía Nacional: “En el patio de la Preventiva hay un tubo de hierro de dos pulgadas. Es el tubo del martirio. Ahí esposaban a Pen-Pen, las manos y también un pie. Lo tenían amarrado día y noche. Le tiraban la comida como a un cerdo. No podía movilizarse. En la noche le quitaban el grillete del pie, para que pudiera medio acostarse. Nueve meses estuvo así. Él pasó amarrado todo el tiempo que yo estuve adentro. Soy testigo del maltrato que se hacía contra los negros, ofensivo, con ánimo de desaparecer a las personas. El hacinamiento era total. ¿El trato que dieron a Pen-Pen? Totalmente discriminatorio. Él los puteaba. Los vulgareaba. Les decía perros asesinos. Les decía de todo, pero era lo justo. Solo al final se flexibilizó un poco. El día siempre lo pasaba siempre amarrado al tubo. En la noche lo tiraban a dormir en una sala de detención. El tubo todavía ahí está. Todavía lo usan como tortura. El resentimiento de Pen-Pen hacia los policías era normal. Yo también lo tendría. Para mí, la Policía lo asesinó”.

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La capacidad es para 60, me dijo ayer el comisionado Zambrana, 80 máximo, pero en las celdas de la Policía Nacional en Bluefields se amontonan esta semana más de 130 seres humanos. La matemática suena asfixiante y urgente, pero el hacinamiento es un problema menor en el listado interminable de violaciones a los derechos de los privados de libertad.

—¿Cuál es el motivo de la visita, por favor? –se alza sobre el murmullo una voz áspera.

La Preventiva. Así se conoce el sector donde encierran a los más conflictivos. Decir que aquí hace calor es decir poco, y está tan oscuro que a las 11 de la mañana los bombillos los tienen encendidos. Hoy hay unos 70 internos repartidos en seis celdas, me dice Wismar Lewis, el risueño agente que me acompaña. Los otros 60 están en el Bodegón, el otro sector al que iré después.

—Quiero escribir sobre las condiciones en las que están –respondo.
—Está bien, man, dale… Hay muchas cosas que nos gustaría que se supieran afuera.

La celda #3, la primera a mano derecha según se entra por el pasillo, es amplia, alta y caliente como sauna; encierra a diez jóvenes, un televisor, un calendario, ropa, un montón de recipientes plásticos, dos literas de madera y hamacas, varias hamacas suspendidas de la reja que tienen por techo, bajo unas láminas que la lluvia sabe burlar, y en Bluefields llueve con ganas; todos, casi todos, se amontonan en los barrotes de la entrada por la insólita visita, y hablan atropellado: dicen que se mojan cuando llueve, dicen que antes les daban jabón y papel higiénico, dicen que su comida está de tirarla y pegarla en la pared, dicen que en lugares así debería de haber psicólogos y gente comprensiva, y el calor ahoga, y las secuelas del burumbumbún, y uno llamado Carlos Coronado me dice que le gustaría que los jueces de vigilancia vigilaran, y otro grita desde su hamaca suspendida que necesitan una fumigación, por las chinches y los zancudos, y otros dicen que aquí hay reos con condena firme que deberían estar en una cárcel del Sistema Penitenciario Nacional y no en celdas de la Policía, y eso es lo mismo que me dijo el comisionado Zambrana.

—Oye, un favor: ¿tenés dos pesos para comprar hielo?

Hace calor y está oscuro… ¿Cuántos aquí? Se acercan a los barrotes, descamisados como si fuera sauna, y sí, casi todos son jóvenes, casi todos quieren contar su caso, como si nadie nunca les hubiera preguntado, y acá casi todos están por error, dicen, y luego piden que tome una foto a la comida que les dan, la chupeta que llaman, una combinación de mucho arroz y poco frijol que en verdad está de tirarla y pegarla en la pared, hervida nomás, sin sal, sin ajo, porque la Policía no tiene presupuesto para exquisiteces, todos los días de la semana lo mismo, y luego me piden otra foto, y se animan, y posan como si fueran equipo de fútbol, rifando barrio, y se ponen unos a otros las manos cachudas en la cabeza, como niños traviesos.

—Por lo menos están sonriendo, ¿no? –me dice el risueño agente Lewis.
—¡¡¡Periodista!!! –grita alguien–. Pero esto debería de contarlo en Managua, para que vean cómo la pasamos aquí.

El que peor lo tiene es el del patio de la entrada, metido bajo el sol caribeño dentro de una caja metálica granate que usan como celda de castigo, parecida a un ascensor, solo que larga y estrecha, muy estrecha, y de la que ahora apenas salen los dedos de dos manos y una mirada de rencor; pero hasta él podría estar peor, porque enfrente de la caja metálica hay un tubo de hierro de dos pulgadas al que los privados llaman el Poste y que aún se usa para amarrar –las manos esposadas en la espalda, el tubo en medio– a los peor portados. Aquí es, pienso, donde Pen-Pen pasó amarrado como un perro, torturado. 

—Mirá, español –dice la voz que hay dentro de la caja metálica, quién sabe si bromeando–, ahorita no te vamos a hacer nada, pero algún día…
—Yo te voy a robar –interrumpe otro.
—No, yo no –retoma la palabra–; yo no soy ladrón. Yo lo único que soy… yo soy asesino ya.

Las celdas más pequeñas son la #6-01, la #6-02 y la #6-03, porque las tres eran una sola, solo que la pedacearon para que acoger por separado a mujeres y a menores de 18 años, y pienso en lo irónico que resulta que, entre tanta vulneración de derechos, se haya invertido en este logro mínimo, y hay otro al que llaman Perro me pide un euro, que me lo va guardar, dice, y otro despotrica contra la Policía, que son más ladrones que ellos, que algunos son calmados, como el risueño agente Lewis, pero otros los golpean, los maltratan, y eso lo oigo también en este otro sector, en el Bodegón, donde están los más disciplinados en otras tres celdas amplias y un poco menos oscuras y menos calientes con 23, 21 y 15 personas hoy, entre las que hay un viejito de 81 años llamado Juan Cruz Pérez, que también quiere contar lo suyo, pero ahora con quien me interesa hablar es con el hermano de Pen-Pen, negro también, creole, como la mayoría en estas celdas, que lleva encerrado aquí tres meses y medio, y de quien el comisionado Zambrana me dijo que tiene el mismo historial que su hermano.

—Mataron a Pen-Pen, y ni la jueza ni la Policía me dieron permiso para llevarme al velorio o al funeral –se queja.
—¿Y aquí qué se maneja que pasó?
—No me ha venido a contar nadie nada, pero lo que yo oí por la radio fue que la Policía lo remató en el suelo.
—Un crimen, eso es un crimen –dice otra voz, colérica.
—¿Y tú veías seguido a tu hermano?
—No, él vivía en Willing Cay. Él vino hace poco. Pero la Policía no debía de matarlo como animal, porque él no mató a nadie.

Todavía no, quizá, pero Pen-Pen sí matará.

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En Bluefields hay una ONG llamada Creole Communal Government, que podría traducirse como el Gobierno Comunitario de los Negros. Tienen una modesta oficina en el barrio Fátima, en el segundo piso de un edificio situado cerca de la Lotería Nacional. Dolene Miller y Nora Newball, sus dirigentes más destacadas, me reciben una calurosa mañana para hablar sobre Pen-Pen. La conversación arranca con una interpretación de la historia en la que la incorporación definitiva de la Mosquitia a Nicaragua la ven como una anexión, el aprendizaje del español lo ven como una imposición, y la migración masiva desde el Pacífico la ven como la madre de todos los problemas. Están convencidas de que la sociedad nicaragüense es racista y, no importa de qué hablemos, en su discurso es evidente la diferencia entre el nosotros y el ellos: nosotros, los negros; y ellos, los mestizos, los pañas.

—Nosotros tenemos un resentimiento histórico con el Pacífico –admite Dolene, una sonriente psicóloga, la que más habla–, pero ellos lo agravan más con el maltrato, y lo digo con conocimiento de causa.
—Por ejemplo –dice Nora, una elegante y enjoyada señora, diputada suplente en el Parlamento Centroamericano–, en nuestros barrios negros no hay pulperías; en los barrios mestizos, sí. Eso es por los programas del Gobierno, porque a ellos les dan ayuda, créditos, cada vez les financian más y más, pero solo a ellos mestizos; para nosotros, los negros, los trámites son más engorrosos. Y ojo, que nosotros no estamos justificando ningún asesinato ni ningún robo, pero hay que ser realistas.

A Pen-Pen lo conocen de oídas, por la fama que le precedía, pero sobre todo por lo que sobre él se ha dicho y escrito desde su muerte. Cuando lo defino como un delincuente, me corrigen de inmediato: era una persona con un problema en la sociedad.

—Para nosotros –dice Dolene–, la Policía lo quería muerto. ¿Por qué? Eso no lo sabemos. Pero parece como si la Policía estuviera haciendo una limpieza social camuflada.
—En dos años –interrumpe Nora, airada– han matado como a cuatro muchachos que para ellos eran como un estorbo en la sociedad, ¿me entendés? Mire, la Policía va a terminar matando a todos nuestros jóvenes…

Casi al final, me admitirán que ni se acercaron a la casa de Pen-Pen para preguntar qué es lo que realmente ocurrió. 

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Burumbumbún en la Preventiva. Es mediodía del martes y, después de más de 24 estériles horas en huelga de hambre, los privados de libertad deciden subir el tono de su protesta. Lo primero siempre es romper los candados. Cualquier objeto contundente sirve; de preferencia, la madera recia de las pocas camas que quedan en las celdas.

—¿Y qué hacen los policías? –preguntaré a Chandy mañana.
—La Policía solo queda ahí, viendo a uno… ¿qué van hacer? Na. Subir pa’rriba a decir al jefe –me responderá en su limitado castellano.

Chandy Vargas –joven, tatuado, musculoso, negro– estará en libertad mañana, después de 3 meses y 17 días en la Preventiva, pero eso será mañana; ahora es uno a los que más parece entusiasmar este motín originado por la retardación de justicia. No tardan en destrozar los candados para salir todos al patio donde está el Poste; ahí gritan, chillan, golpean las paredes con objetos contundentes, queman lo que encuentran… Es lo que Chandy llama el burumbumbún. La idea es llamar la atención, conscientes de que la delegación policial está a apenas dos cuadras del mercado municipal. Los policías están tan acostumbrados que poco se alteran ya. Se repliegan y los dejan hacer, siempre y cuando no intenten pasar del patio. Hay un pacto tácito de no agresión. Después llegará alguna autoridad policial o algún defensor de derechos humanos o periodistas o Miss Popo o, si la cosa se pone realmente fea, alguien en nombre del Poder Judicial.

—Casi siempre protestan por lo mismo: la retardación de justicia –me dirá el comisionado Zambrana.
—¿Casi siempre? ¿Cada cuánto se amotinan?
—Es una constante. En cuatro meses hemos tenido cuatro de relevancia, pero conatos hay a cada momento. Aquí, en Bluefields, las celdas preventivas de la Policía se han convertido en un sistema penitenciario. El centro penal tiene a 90 presos, y nosotros, a 130, de los que casi la mitad tienen condena firme. Aquí solo deberíamos tener a diez o doce.

Las leyes nicaragüenses son explícitas. Cuando la Policía detiene a alguien, debe pasar ante un juez de audiencia en menos de 48 horas; si el juez decide prisión preventiva, el encierro se hará en un centro penal del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). En Bluefields hay una pequeña cárcel que está a la par de las celdas policiales, pero el SPN ignora desde hace años las leyes y recibe internos a cuentagotas bajo el argumento de que la cárcel está llena. La consecuencia es que, en unas de las ciudades más violentas de Nicaragua, decenas de delincuentes cumplen su condena o su prisión preventiva hacinados en las celdas policiales, sin beneficios carcelarios ni controles ni talleres ni personal cualificado; fuera, en definitiva, del SPN, la institución que tiene como objetivo “la reeducación del interno para su reintegración a la sociedad”. Y todos esos privados de libertad dejan de serlo algún día.

Consciente de que el problema lo generan otras instituciones, al comisionado Zambrana le toca lidiar con los burumbumbún, y lo hace lo mejor que le dejan. La máxima autoridad de la Policía Nacional en 100 kilómetros a la redonda es una persona accesible y franca, que le gusta mirar a los ojos de su interlocutor; sin su uniforme, parecería más un profesor de secundaria que un comisionado mayor. En menos de un mes, y sin haber pasado siquiera un año en Bluefields, lo regresarán a Managua, dicen que por atreverse a encerrar a Frank Zeledón, uno de los mestizos intocables de la ciudad. Al conocerse la noticia, miles de blufileños se tomarán las calles para protestar por el traslado.

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Se llama Dalila Marquínez, aunque todos en la ciudad la conocen como Miss Popo o la Popo. El sobrepeso la hace ver mayor, pero tiene 46 años, y es una de las líderes más respetadas de la comunidad negra de Bluefields. Su mañanero programa en Radio Rhythm, una emisora local, es un referente indiscutible. Las autoridades, incluida la Policía Nacional, la consideran una mediadora capaz de aplacar conflictos sociales; los reos también piden su presencia cada vez que en las celdas hay un motín.

Miss Popo vive en un barrio de negros llamado Beholden, uno de los más problemáticos y míseros, sin aceras, lleno de láminas oxidadas y con regueros de aguas blanquecinas y fétidas que corren libres por los pasajes. La casa de Miss Popo, sin embargo, es de reciente construcción, grande, y tiene un espacioso porche caribeño. Ahí nos sentamos para hablar sobre Pen-Pen. Ella acompañaba al comisionado Zambrana la mañana en la que llegó a dar el pésame a Miriam, la madre. Todos eran negros. Casi todos eran jóvenes. A Miss Popo le tocó mediar para calmar los ánimos. Esta no es ni la hora ni el momento para actuar así, les dijo, el hombre quiere entrar para hablar con la mamá.

—En la Policía –me dice ahora Miss Popo con su particular voz, tan poderosa que parece un regaño– hay un expediente de todo lo que hizo y lo que no hizo Pen-Pen. Pero yo te voy a decir algo: ahora todo mundo va a echarle flores porque lo mató la Policía, pero yo estoy segura de que casi toda la gente de Puntafría está en paz porque han matado a Pen-Pen. No lo van a decir así, porque son unos pares de hipócritas, pero segurito de que están feliz por lo que ha pasado.

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Al filo de las 2 de la madrugada del martes 10 de mayo de 2011 un agente de la Policía Nacional nicaragüense acribilló a Pen-Pen. El cuerpo quedó no muy lejos de la humilde casa de madera donde se crió, cerca de una hilera de láminas oxidadas, sobre una angosta acera en la calle del 4 brothers, el bar que da nombre a todo ese sector del barrio Puntafría.

Su muerte es verdad inamovible. Pero cómo se llegó a esa situación depende de los prejuicios y de los intereses de quien cuente lo que pasó. Hay unanimidad en que una llamada telefónica de alguien de Puntafría alertó a la Policía Nacional de que Pen-Pen estaba en el barrio. Un pick up con cuatro agentes del turno nocturno se desplazó a la zona, formaron dos parejas, y acordaron una maniobra envolvente para evitar la huída. Parece ser que Pen-Pen jugaba naipes con un primo y otros conocidos. Al ver a dos policías en un extremo de la calle, se paró y huyó en dirección contraria, rumbo al pasaje más cercano. Al embocar, se topó de bruces con la otra pareja de agentes.

La versión policial asegura que Pen-Pen huía pistola en mano y disparó a un agente en la cabeza a muy corta distancia; la instintiva respuesta del compañero fue vaciarle el cargador. La versión de familiares, amigos y del Creole Communal Government asevera que Pen-Pen en efecto disparó primero, pero que un agente respondió con un certero balazo en la pierna de Pen-Pen, lo que provocó que cayera al suelo y perdiera su pistola; al comprobar que su compañero uniformado estaba malherido, el agente se acercó y remató al negro desarmado que se retorcía de dolor.

Sea como fuere, Pen-Pen murió de inmediato; entró directo en la morgue cuando lo llevaron al hospital de Bluefields. El suboficial de la Policía Nacional Evert Fernández ingresó en Emergencias con un balazo en la frente, sin orificio de salida. Lo lograron estabilizar y se gestionó de urgencia una avioneta para, al amanecer, trasladarlo al Hospital Lenin Fonseca de Managua.

En los días siguientes la muerte de Pen-Pen estuvo en boca de todos en Bluefields. Es lo que sucede en sociedades en las que un homicidio aún es un elemento disonante.

Diez días después, el suboficial Fernández murió en Managua.

¿Cuál es el secreto de las cárceles nicaragüenses?

Ubicado en las afueras de la ciudad de Tipitapa, a 22 kilómetros de Managua, el centro penal La Modelo alberga a 2,400 personas, un tercio de los privados de libertad que tiene Nicaragua. La calle de acceso es larga, recta y el asfalto es escaso, pero movimiento no le falta. Las visitas de familiares convierten el lugar en un vaivén decaponeras, nombre que aquí dan a unas bicicletas adaptadas para el transporte de personas, y uno intuye que se acerca a la entrada por el aumento desmesurado en el número de puestos de comida. Las primeras dos plumas que regulan el acceso están pintadas de negro y amarillo, y justo encima cuelga un rótulo grande y cuadrado que tiene dibujado el perfil de una botella y unas letras: Bienvenido al Sistema Penitenciario Nacional. Lo donó Coca-cola.

Entrar al recinto dentro del carro de Luis Amado Peña -el sacerdote encargado de la pastoral penitenciaria- resultó tan sencillo como ingresar a una residencial privada junto al presidente de la junta directiva. Pero ahora, al salir, el funcionario de turno –pantalón verde planchado y una camisa blanca impecable– abandona la sombra de la caseta y, después de saludar respetuoso y de intercambiar unas palabras, gira alrededor del pick up mientras se encorva ligeramente para mirar en los bajos del vehículo.

—Desde hace unas semanas están revisando más –dice el padre Peña–. Es por esa fuga que te conté el otro día.

El pasado 18 de febrero un joven llamado Álvaro Valverde se fugó de Tipitapa. Se cree que lo hizo asido al chasis de un autobús. Cuando el bus se alejó lo suficiente, el joven se descolgó, paró un taxi que iba en sentido contrario y desapareció. Tres días permaneció prófugo, pero al cuarto Valverde regresó arrepentido a Tipitapa acompañado por su padre y su abogado. Desde entonces los controles son más estrictos.

—Ay –se queja el padre Peña–, pero los problemas son para resolverlos, no para cerrar las cosas.

Percepciones y cifras
Nicaragua es diferente. En materia de seguridad ciudadana, Managua se percibe como una ciudad infinitamente más tranquila que el resto de capitales del llamado CA-4: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Aquí son excepción los negocios que tienen guardas de seguridad con fusiles, está profundamente arraigada la costumbre de compartir un taxi con desconocidos, y en la noche las sillas se toman las entradas de las casas porque miles salen a tomar la fresca.

No se trata solo de percepciones. En 2009 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 71, 67 y 53 en El Salvador, Honduras y Guatemala, respectivamente. En Nicaragua no pasó de 13.

“Si vos querés conocer un país, conocé sus cárceles, porque en las cárceles está el país en pequeño”. La frase, una paráfrasis tropicalizada de un reconocido aforismo, sale como un torrente de la boca de Auxiliadora Urbina, la procuradora especial de personas privadas de libertad, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua. Eso dice su tarjeta de presentación, pero en el país se la conoce como la procuradora de cárceles.

Urbina llegó a la PDDH en 2006, y lo primero que hizo fue encargar un diagnóstico del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). El estudio evidenció serios y lógicos problemas y vulneraciones de los derechos humanos en las áreas de infraestructura, alimentación y sanidad. Pero se detectó una gran fortaleza: la actitud de los funcionarios del SPN, que terminó dibujado como un grupo humano que, en líneas generales, está predispuesto a los cambios y tiene bien asimilado que su función es reeducar al interno para su reintegración a la sociedad.

El SPN emplea a casi 1,200 personas para atender una red de ocho cárceles construidas para 5,100 privados de libertad, pero en las que se amontonan unos 7,200. El presupuesto asignado para 2009 apenas superó los 6.6 millones de dólares, una fracción de lo que un país como El Salvador destina tan solo para alimentar a su población penitenciaria.

“Aquí las instituciones son más pobres, con menos formación, pero con una actitud que mueve montañas”. Urbina da vida así a los números en un tono casi épico, atribuible también al corporativismo que caracteriza a los empleados públicos nicaragüenses. Mueva o no las montañas, lo cierto es que hay elementos propios del SPN que, en el contexto centroamericano, cuesta digerirlos porque parecen más propios de otras latitudes.

El ejemplo más claro quizá sea la iniciativa que, impulsada por la PDDH y certificada por una universidad privada, ha servido para capacitar en los últimos cinco años a 500 internos con un diplomado de 180 horas en derechos humanos. Suena contradictorio, pero la idea es que los reos conozcan sus derechos y puedan exigir que se les respeten, a pesar de que lo exiguo de su presupuesto impide al SPN satisfacérselos.

Esta es una de las peculiaridades de las cárceles nicaragüenses; otra, en un plano si se quiere más simbólico pero no menos significativo, es que cada año desde hace más de una década celebran unos juegos deportivos que congregan en Tipitapa a internos de los ochos penales, y también hay olimpiadas de matemática y de poesía.

Del otro lado de la moneda, el de las carencias, también hay mucho que decir. Las limitaciones son notorias, imposibles de ocultar, comenzando por el hecho de que las instalaciones son antiquísimas y están obsoletas. La mayoría se construyeron durante el somocismo al que puso fin la revolución de 1979.

Bluefields, la ciudad más grande de la costa caribeña, tiene por cárcel una galera oscura y mal ventilada en la que no hay servicio de agua potable por tubería ni tampoco de aguas negras. “Allá es otro mundo”, “Es la vergüenza de Nicaragua” y “Hacinamiento extremo” son algunas de las frases que escucharé durante el reporteo para referirse a este centro. Un informe especial sobre las cárceles en la costa Caribe presentado en 2008 por Naciones Unidas incluye una cita concluyente sobre lo que sucede cada día al interior de Bluefields: “Se observó la entrega de alimentos, y en lo referido a la cantidad de alimentación, la ración es medida con una pequeña taza cafetera”.

Cárceles hacinadas
En Nicaragua hay 13 personas encarceladas por cada 10,000 habitantes, una cifra baja si se compara con las 40 de El Salvador, similar a las 15 de Honduras, y alta cuando la comparación es con Guatemala, donde son solo 8 por cada 10,000. No se trata pues de un país en el que no se delinque ni mucho menos. De hecho, las cárceles nicaragüenses están al 140% de su capacidad, y el problema, lejos de solucionarse, parece que se agravará en los próximos meses.

Roberto Orozco trabaja para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y su especialidad es el área de la seguridad. Cree tener la explicación a por qué en poco más de 12 meses se ha pasado de 6,000 a 7,200 privados de libertad, un aumento del 20%. “De un año para acá –explica Orozco–, la Policía Nacional y el ejército están golpeando duro, sobre todo al narcotráfico y al narcomenudeo, y creemos que es porque uno de los elementos de la campaña electoral de Daniel Ortega será la seguridad, y él quiere presentar cifras contundentes”.

Sin haber sido declarada, señala Orozco, “en Nicaragua ahorita hay una política de mano dura”, lo que está afectando al SPN no solo en cuanto al hacinamiento, sino que también comienza a sentirse la capacidad de corrupción que tiene el dinero que se mueve alrededor de la droga. “El sistema se está volviendo más cuidadoso, porque no queremos que la droga se venga a enseñorear del país, como ya pasó en otros países”, dice la procuradora Urbina.

El padre Peña ilustra con una anécdota lo que para él también es una verdad inamovible: que cada año aumenta el número de privados de libertad que tienen relación con el tráfico de drogas, y que esta es una de las razones por las que el SPN se está encerrando cada vez más en sí mismo. Hace unas semanas le pasó algo que no le había ocurrido en casi 20 años –los que lleva al frente de la pastoral penitenciaria– de ingresos continuos en las cárceles: un funcionario nuevo le registró el maletín en el que cargaba sus tiliches para oficiar la misa sabatina en Tipitapa.

Eso sí, ni la anécdota le impide alabar también la actitud de los funcionarios como uno de los elementos diferenciadores de los centros penales nicas, y atribuye la cerrazón actual a decisiones tomadas fuera del SPN. De hecho, de un tiempo a esta parte se está vulnerando el Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, que establece con claridad que es la directora general del Sistema Penitenciario la que debe autorizar los ingresos; sin embargo, esas decisiones ahora se toman, sin que esté muy claro sobre qué criterios, en los despachos de Gobernación, el ministerio al que pertenece el SPN.

“Las cárceles hay que abrirlas a las iglesias, a las organizaciones, a los medios de comunicación… ¡No hay que tenerles miedo!”, resume su filosofía el padre Peña.

ONG con ingreso vetado
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las ONGs con mayor reconocimiento internacional y trayectoria en defensa de los derechos de los privados de libertad, tiene vetado desde hace casi dos años su ingreso en las cárceles por el Ministerio de Gobernación. Wendy Flores, la abogada que dentro del Cenidh está más pendiente de esta temática, tiene claro que se trata de una represalia a las críticas que realizan al gobierno del presidente Daniel Ortega en materia de derechos humanos.

La entrevista se realizó una tarde en la que medio centenar de jóvenes simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se apostó frente al local del Cenidh durante varias horas con música a un volumen ensordecedor.

“Desde la década de los noventa siempre habíamos podido acceder, y también nos hacían llegar las estadísticas sobre los internos, pero ahora nos sorprende que haya tanta restricción, casi como si fuera un secreto de Estado”, se queja Wendy Flores.

Sin embargo, ni siquiera el hecho de que el Cenidh sea visto desde el Ejecutivo casi como oposición política eleva el tono de las críticas o añade nuevos elementos a las consabidas carencias en infraestructura, sanidad y alimentación.

—¿Y qué tipo de denuncias reciben aquí sobre la situación en las cárceles? –pregunto.

—Contra alguno que otro funcionario, por agresiones o abuso de autoridad, pero son casos aislados.

—¿Eso es todo?

—También se dan situaciones como esta: que el funcionario no agrede directamente, pero ubica al interno en una galería donde probablemente pueda ser agredido.

Eso es casi todo. Lo que ocurre en el sistema penitenciario nicaragüense ocupa poco más de 6 de las 232 páginas que tiene el último informe anual elaborado por el Cenidh sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Wendy Flores tampoco escatima los elogios al sistema: “Efectivamente, este sistema penitenciario siempre se ha caracterizado por tener como estrategia que los privados de libertad salgan con posibilidades reales de reinsertarse en la sociedad, por no tratar de excluir a la familia, y por trabajar muy de cerca con las iglesias y con organizaciones no gubernamentales”.

—Bueno –comenta Wendy Flores cuando la plática deriva hacia una comparación con otros países–, es que la realidad en los sistemas penitenciarios en otros países de Centroamérica es muy dramática; uno escucha de cárceles incendiadas, motines, masacres, muertos… Todo eso es trágico, verdaderamente trágico.

—¿Aquí nunca ha habido reyertas o motines?

—Así como las que han ocurrido en El Salvador, Honduras o Guatemala, no. Nunca.

No más tres ejemplos: en mayo de 2004 murieron calcinados más de un centenar de internos en la cárcel de San Pedro Sula, en Honduras; en enero de 2007 una reyerta dejó una veintena de fallecidos en la cárcel de Apanteos, en El Salvador; y en agosto de 2005, violentos choques entre pandilleros se saldaron con una treintena de asesinatos en cárceles guatemaltecas. En Nicaragua el suceso más grave de los últimos años es la muerte de un interno ocurrida en medio de unas protestas para denunciar la mala alimentación y la retardación de la justicia, en el penal de Chinandega, en noviembre de 2009.

—Eso para nosotros fue muy grave. Y hace como ocho años hubo un amotinamiento en Tipitapa en el que murieron una o dos personas también, y eso fue algo gravísimo.

Otra ONG que trabaja desde hace casi dos décadas adentro de los centros penitenciarios es la Fundación de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Infractores de la Ley (Funprode). Como su mismo nombre deja entrever, esta ONG vela por los derechos de los menores de edad, pero en Nicaragua los adolescentes que han cometido un delito que requiere internamiento cumplen sus penas en los mismos recintos que los adultos.

No debería ser así. Sandra Molina, coordinadora nacional de Funprode, invita a leer el artículo 214 del Código de la Niñez: “La medida de privación de libertad se ejecutará en centros especiales para adolescentes, que serán diferentes a los destinados para las personas sujetas a la legislación penal común. Deben existir, como mínimo, dos centros especializados en el país. Uno se encargará de atender a mujeres y el otro a varones”.

El Código de la Niñez se aprobó en 1998, pero 13 años no han sido suficientes para levantar la infraestructura que permita su cumplimiento, y hoy en día unos 170 jóvenes cumplen su condena entre adultos, en clara violación a los tratados internacionales –suscritos también por el Estado nicaragüense– que prohíben esa práctica. “En el penal de Estelí los chavalos están en la misma galería que las mujeres”, ejemplifica Molina.

Al contrario de lo que sucede con el Cenidh, Funprode no tiene trabas para ingresar a las cárceles, y rara es la semana que Molina no entra un par de veces: los martes en el penal de Granada, y los jueves, en el de Tipitapa. Conoce muy bien lo que se cocina dentro del sistema, y suscribe la lista de las limitaciones y las especifica. “En todos los centros es un requisito casi indispensable que la familia les lleve comida semanalmente, y en casos como Bluefields, la necesidad es tanta que les permiten llevarles los tres tiempos”.

Molina se suma a las voces que señalan la actitud de los empleados del SPN como el principal elemento diferenciador: “Hay mucho que mejorar, pero el problema es de presupuesto, no es un problema de actitud ni de voluntad; yo creo que tenemos unos funcionarios humanos y humanizantes, sin ese concepto represivo que hay en otros países”.

Entonces, ¿cuál es el secreto de las cárceles nicaragüenses? Sería demasiado pretencioso ofrecer una respuesta concluyente, pero todas las voces consultadas –las citadas de forma expresa en este reportaje y otras que hablaron bajo condición de anonimato– forman un coro que armónicamente repite dos ideas: por un lado, la actitud de los funcionarios del SPN; y por otro –y relacionado de manera directa con el primero–, que la sociedad nicaragüense en menos violenta que las de sus vecinos del CA-4. Parafraseando el aforismo, un pueblo que recurre menos a expresiones de violencia no puede tener como reflejo cárceles tan violentas como las de las sociedades que para solventar diferencias han interiorizado el recurso a la violencia.

En el tiempo que como periodista he estado pendiente de los sistemas penitenciarios de Centroamérica me ha tocado hablar con funcionarios de distintos países y he visitado numerosas cárceles de Guatemala y El Salvador, pero no recuerdo haber escuchado tantas frases juntas que, a pesar de ser fruto del sentido común, suenan casi escandalosas fuera de Nicaragua. “Nadie está vacunado para no terminar algún día allí adentro”, me dijo la procuradora de cárceles, Auxiliadora Urbina. El padre Luis Amado Peña zanjó una de nuestras pláticas con una idea también simple, pero que suena a gran revelación: “Esa gente que está hoy adentro algún día va a salir; y si sale con más odios, ¡pobre sociedad!”

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Este reportaje fue publicado el 4 de abril de 2011 en la sección Sala negra, del periódico digital salvadoreño El Faro. Fue republicada por Confidencial, de Nicaragua.